La controversia se inició formalmente con la presentación de una "fehaciente denuncia" por parte de la Asamblea Luna Roja ante la Dirección de Vialidad provincial en agosto de 2024 , apuntando contra la autorización otorgada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTUR) a la firma RIVAN S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Lobería.
El eje del conflicto es la construcción de una dársena vehicular de aproximadamente 5443 m² , aprobada mediante la resolución RESFC-2023-5-E-MUNIMDP-EMTUR. La obra está proyectada sobre la franja libre de caminos de 20 metros de ancho, linderos a la Ruta Provincial N°11, kilómetro 541,6. Los vecinos argumentaron que la obra fue autorizada sin contar con la prefactibilidad ni el permiso de la autoridad vial provincial , conculcando el Artículo 4° y 5° de la Ley N°6312/60, que prohíbe elevar construcciones de carácter definitivo sobre esa franja vial.
Además del incumplimiento normativo, la Asamblea alertó que la construcción representa un "grave prejuicio a la seguridad" de la ruta, generando maniobras de ingresos y egresos en un tramo considerado de alto riesgo por la presencia de curvas y desniveles.
Tras analizar las actuaciones, la Dirección de Vialidad emitió un informe de firma conjunta, donde el Departamento Conservación confirmó que no existen antecedentes de autorización relacionados con la obra , ni se había gestionado intervención ni prefactibilidad ante esa Dirección.
Como resultado de esta verificación, la autoridad provincial resolvió notificar al Municipio de General Pueyrredón. Vialidad le recordó al municipio que, previo a la aprobación municipal de cualquier tipo de emprendimiento a realizar sobre predios frentistas a rutas provinciales, deben solicitar el plano del emprendimiento visado y aprobado por la DVBA. Esta obligación se enmarca en las incumbencias que le otorgan la Ley de Autarquía de la DVBA N°7943/72 y la Ley N°6312/60.
Esta comunicación, ejecutada por la División Técnica del Departamento Zonal X de Mar del Plata, constituye la intimación formal que declara la irregularidad del permiso municipal. La Asamblea Luna Roja, que busca que se "provea medidas urgentes, efectivas y oportunas", solicitó específicamente que Vialidad informe esta omisión normativa al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). El EMSUR se encuentra actualmente a cargo de la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la UTF Arroyo Lobería.
Fuente: La Tecla