El Gobierno de Javier Milei ratificó la salida de la empresa estatal bonaerense AUBASA de una licitación clave para la gestión de rutas nacionales, tras el cierre del período de impugnaciones y sostuvo que la propuesta de la firma provincial “no cumplió con los requisitos técnicos y financieros”.
Con eso, aubasa quedó fuera de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, un esquema que apunta a transferir al sector privado más de 9.000 kilómetros de rutas en todo el país.
Bajo ese escenario, en la Provincia, la respuesta no tardó en llegar. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, cuestionó el proceso y pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo. Denunció modificaciones de último momento en los pliegos que, según afirmó, alteraron las condiciones de la licitación y perjudicaron la participación estatal.
Aunque desde la Secretaría de Transporte insistieron en que la exclusión fue “estrictamente técnica”, el episodio se inscribe en un escenario más amplio: el rediseño del sistema vial bajo una lógica de concesiones privadas, impulsado por la
La discusión no es menor, AUBASA competía por un paquete estratégico de más de 1.300 kilómetros que incluye corredores clave como las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de accesos sensibles al Área Metropolitana.
Según informaron, de las diez ofertas presentadas, seis avanzaron y cuatro quedaron en el camino, entre ellas la de la firma bonaerense. En Nación insisten en que la exclusión responde a criterios “objetivos” y remarcan que la empresa no impugnó los pliegos en los tiempos previstos.
Pero desde el gobierno de Axel Kicillof apuntan a otro eje: cuestionan la transparencia del proceso y advierten sobre un corrimiento del Estado en la gestión de infraestructura clave.