Además se estableció un embargo sobre los bienes de los procesados por unos treinta millones de pesos.
La decisión fue tomada por el juez Alejo Ramos Padilla tras analizar pruebas reunidas en una investigación que se inició a partir de denuncias realizadas durante las elecciones generales de ese año en la localidad bonaerense.
El intendente de la UCR accedió a su tercer mandato luego de aquel bochornoso episodio ocurrido en los comicios locales que derivó en una investigación judicial por supuestas irregularidades cuando se impuso por apenas 50 votos en los comicios.
En ese marco, el peronismo a través de Facundo Coudannes, quien fuera su rival por ese entonces, denunció que a decenas de votantes se les retuvo ilegalmente los documentos, lo que derivó en un largo periplo judicial que ahora deja como hito el procesamiento de dos de los principales implicados.
Matías Rappallini ejerció hasta mayo del 2024 luego de obtener su cuarto mandato en los comicios del 2023. Forma parte de la familia más influyente de la localidad, dueña deGigot Cosméticos, la principal empresa local y que tiene a su hermano, Martín Rappalini, actual titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) como su figura más mediática.
El expediente se centra en la presunta retención indebida de documentos de identidad de al menos 27 vecinos de Maipú, con el objetivo de impedirles ejercer su derecho al sufragio.
Según se desprende de la resolución judicial, las maniobras habrían incluido la entrega de dinero, alimentos, planes sociales o gestiones administrativas a cambio de los DNI. En otros casos, las víctimas denunciaron presiones o amenazas.
El fallo señala que, aunque en un primer momento estos hechos fueron interpretados como “prácticas clientelares” o “compra de votos”, la investigación permitió establecer que se trataba de delitos electorales concretos, orientados a evitar que determinadas personas votaran.