El histórico complejo turístico de Chapadmalal, junto a su par en Embalse, Córdoba, se encuentran en el centro de una fuerte disputa política que enfrenta a la gestión de Axel Kicillof con el gobierno de Javier Milei.
El ministro bonaerense, Augusto Costa salió con dureza a cuestionar lo que calificó como un “plan sistemático de privatización y vaciamiento” de estos dos íconos del turismo social argentino, asegurando que la provincia no permitirá que “rematen el complejo”.
Según el funcionario de Kicillof, las medidas del Ejecutivo nacional no solo desmantelan estos espacios, sino que ponen en riesgo más de ochenta años de historia y conquistas sociales. Costa enfatizó que las Unidades Turísticas no son meros “ladrillos”, sino “Monumentos Históricos Nacionales” y el símbolo máximo de la dignidad trabajadora, creados para democratizar el bienestar y garantizar el descanso como un derecho.
La ofensiva nacional, según el ministro, se articuló a través del Decreto 216/2025, que eliminó la obligación estatal de prestar servicios de turismo social. El impacto de esta decisión fue inmediato y devastador: de alojar a más de 84.000 personas en 2023 se pasó a cero turistas en los años 2025 y 2026.
En el caso específico de Embalse, la situación es de “parálisis total”. Costa denunció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le quitó al predio su destino turístico, argumentando que estaba “subutilizado”. Esta maniobra, para el ministro, es una “trampa administrativa” diseñada para facilitar su venta, enajenación o concesión directa a privados, dejando el complejo cerrado y sin trabajadores estatales custodiándolo.