Maipú: el exintendente Rappallini y su sucesora Otermin fueron procesados por fraude electoral

La situación judicial de Matías Rappallini y Lorena Andrea Otermin dio un salto decisivo. La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento del intendente de Maipú en uso de licencia y de la actual jefa comunal interina por la retención indebida de documentos y la inducción mediante engaños a abstenerse de votar durante las elecciones generales del 27 de octubre de 2019.

El fallo golpea de lleno a la conducción radical que administra el municipio y vuelve sobre una elección definida por apenas 49 votos. En aquella contienda, Rappallini consiguió 4.212 sufragios frente a los 4.163 obtenidos por Facundo Coudannes, candidato del Frente de Todos.

La diferencia cobra otra dimensión frente al dato central del expediente: la investigación identificó a al menos 27 ciudadanos que no habrían podido votar después de entregar sus documentos de identidad. La cantidad de electores alcanzados por las maniobras representa más de la mitad de la ventaja que aseguró la reelección del dirigente radical.

La resolución fue firmada por los jueces de la Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. El tribunal confirmó así la decisión adoptada en abril por el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.

Matías Rappallini y Lorena Otermin están procesados por los delitos previstos en los artículos 137 y 140 del Código Nacional Electoral: retención indebida de documentos nacionales de identidad e inducción mediante engaños a abstenerse de emitir el sufragio.

No se trata todavía de una condena firme, pero la confirmación de la Cámara deja en pie la acusación y debilita la situación procesal de los dos dirigentes que encabezaron la conducción política de Maipú durante los últimos años.

Al momento de los hechos, Rappallini buscaba su reelección por Juntos por el Cambio y Otermin se desempeñaba como secretaria de Gobierno municipal. La causa les atribuye haber coordinado la obtención de los DNI de distintos vecinos mediante ofrecimientos de dinero, alimentos, materiales para la construcción, colchones, ayudas sociales o gestiones ante el municipio.

Según la pesquisa, la mayoría de las personas que declararon como víctimas no recuperó su documentación antes de los comicios y, por ese motivo, no pudo sufragar.

La acusación adquiere especial gravedad porque las acciones investigadas habrían estado dirigidas principalmente contra personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, entre las que predominaban mujeres con hijos a cargo.

La investigación reconstruyó una serie de procedimientos que habrían incluido engaños, amenazas, coacciones, intimidaciones y ofrecimientos ilegítimos de bienes o beneficios estatales. El objetivo, de acuerdo con el expediente, era obtener y retener los documentos para impedir que sus titulares votaran o forzarlos a acompañar determinadas candidaturas.

Entre los denunciantes también aparecieron trabajadores de una cooperativa municipal. Algunos declararon que fueron amenazados con perder sus puestos si no entregaban sus documentos. Otros relataron ofrecimientos de dinero, alimentos, materiales o acceso a programas públicos.

Otra de las modalidades incorporadas al expediente consistía en exigir que ciertos electores se filmaran dentro del cuarto oscuro mientras colocaban en el sobre la boleta del oficialismo municipal.

Ramos Padilla sostuvo al procesarlos que Rappallini y Otermin “organizaron y realizaron acciones coordinadas” para retener documentos mediante engaños e impedir el ejercicio del voto. La Cámara respaldó el núcleo de esa acusación.

Los camaristas advirtieron además que la retención de la documentación, aunque fuera transitoria, podía someter a las víctimas a una situación de “muerte civil”, al privarlas del ejercicio de derechos básicos, entre ellos los políticos.